La provincia vietnamita de Ca Mau ha intensificado sus esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), en una nueva apuesta por contribuir al levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) al sector pesquero vietnamita.
Los barcos fondean en el estuario de Ganh Hao (comuna de Ganh Hao, provincia de Ca Mau). Foto: VNA
La provincia vietnamita de Ca Mau ha intensificado sus esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), en una nueva apuesta por contribuir al levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) al sector pesquero vietnamita.
Como parte de esta estrategia, el presidente del Comité Popular provincial, Lu Quang Ngoi, promulgó la Decisión No. 140/2026/QD-CTUBND, que establece un mecanismo de coordinación para supervisar y controlar las actividades de las embarcaciones pesqueras en sus operaciones de entrada y salida de puertos y muelles, así como para fortalecer el intercambio de información y la gestión de las infracciones relacionadas con la pesca IUU.
La nueva normativa sitúa la tecnología en el centro de las labores de control. Para ello, se aprovecharán herramientas como el Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS), el Sistema Electrónico de Trazabilidad de Productos Pesqueros (eCDT) y la Base Nacional de Datos Pesqueros. La información relativa a licencias de pesca, certificados de seguridad técnica y rutas de navegación será compartida entre las autoridades competentes para mejorar la supervisión, emitir alertas tempranas y detectar posibles infracciones.
En este contexto, el Comando provincial de la Guardia Fronteriza asumirá la responsabilidad de verificar rigurosamente las condiciones de cada embarcación antes de autorizar su salida al mar. Solo podrán zarpar aquellas que cumplan plenamente con los requisitos legales y mantengan operativos sus dispositivos VMS. Además, los datos sobre movimientos de entrada y salida de los puertos estarán conectados directamente con el sistema eCDT, garantizando una gestión más transparente y eficiente.
Por su parte, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, junto con las administraciones portuarias y la Oficina de Lucha contra la Pesca INDNR, se encargará de validar la información de las embarcaciones que entren o salgan de los puertos, supervisar los desembarques de productos pesqueros y actualizar los datos en las plataformas electrónicas correspondientes. Las autoridades realizarán controles periódicos para contrastar la información y detectar posibles declaraciones falsas o inconsistentes.
La provincia también ha puesto en marcha un mecanismo de intercambio rápido de información entre las distintas fuerzas de control para actuar con prontitud ante situaciones como la pérdida de señal del VMS, incursiones en aguas extranjeras o la operación de embarcaciones que no reúnan las condiciones legales necesarias. Gobiernos locales, guardias fronterizos, inspectores pesqueros y oficinas especializadas mantendrán una coordinación permanente para prevenir infracciones desde etapas tempranas.
En materia sancionadora, la normativa exige una estrecha cooperación entre las instituciones competentes en todas las fases del proceso, desde la verificación de los hechos y la elaboración de expedientes hasta la resolución definitiva de los casos, especialmente cuando existan indicios de delitos penales. Asimismo, subraya la prohibición de cualquier forma de encubrimiento, trato superficial o negligencia frente a las infracciones detectadas.
A nivel local, las autoridades comunales deberán elaborar listas detalladas de las embarcaciones que no cumplan los requisitos de operación y asignar personal encargado de supervisarlas. También reforzarán la vigilancia comunitaria para impedir que estos barcos abandonen sus puntos de fondeo o participen en actividades pesqueras ilegales.
Con más de 310 kilómetros de costa y una flota de más de cinco mil embarcaciones, Ca Mau cuenta con un enorme potencial para el desarrollo de la economía marítima. Sin embargo, la “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea sigue representando uno de los principales desafíos para el sector pesquero local.
Las autoridades consideran que el fortalecimiento de los mecanismos de control no solo contribuirá a impulsar las exportaciones de productos del mar, sino también a proteger los recursos pesqueros y consolidar un modelo sostenible, responsable y transparente para dicha actividad./.
VNA/VNP