En el marco de una campaña anticorrupción definida por el principio de “sin zonas prohibidas ni excepciones”, Vietnam ha logrado avances sustanciales en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y las prácticas negativas.
Estos esfuerzos han fortalecido la disciplina institucional y reforzado la confianza pública. Sin embargo, en una nueva etapa marcada por la exigencia de un crecimiento rápido y sostenible, el país enfrenta el reto de renovar sus métodos: no solo castigar con rigor, sino prevenir desde el origen, proteger a quienes se atreven a innovar y liberar recursos para el desarrollo.
Durante dos décadas de implementación de la Resolución del tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista del X mandato, la lucha anticorrupción ha evolucionado de manera notable, tanto en términos de conciencia como de acción.
Si en sus inicios se enfrentaban dificultades para probar conductas corruptas, identificar motivaciones de lucro indebido o recuperar activos, hoy los procesos de detección, investigación, acusación y juicio son más sistemáticos, coordinados y eficaces. Casos de gran magnitud en sectores sensibles como la tierra, las finanzas, la banca, el mercado de valores, la salud y la educación han sido tratados con firmeza, reafirmando el principio de tolerancia cero.
Uno de los avances más significativos es el fortalecimiento de la disciplina dentro del Partido y el control del poder. Por primera vez, se han establecido cinco conjuntos de regulaciones clave orientadas a supervisar el poder en áreas críticas como el trabajo de personal, la inspección y disciplina del Partido, la investigación judicial, la elaboración legislativa y la gestión y el uso de recursos públicos.
Estas normas no operan de forma aislada, sino como un sistema integral de “barreras preventivas” que buscan anticipar y evitar la corrupción desde etapas tempranas.
En cuanto al tratamiento de las infracciones, se observa un cambio de enfoque: de una postura centrada exclusivamente en la sanción severa, se ha pasado a una combinación de rigor con humanidad y persuasión. La diferenciación de responsabilidades, el análisis de motivaciones y el incentivo a la reparación voluntaria de daños han contribuido a mejorar la recuperación de activos y reducir pérdidas para el Estado.
Otro cambio relevante es la expansión de la lucha anticorrupción desde el nivel central hacia las provincias. La creación de comités directivos a nivel provincial ha contribuido a superar la brecha entre políticas nacionales y su implementación territorial. La experiencia demuestra que donde los comités partidistas y los líderes actúan con determinación y ejemplo, los resultados son más claros y efectivos. Asimismo, la política de juzgar en ausencia a los acusados fugitivos en el extranjero refuerza el carácter disuasorio del sistema.
Además de la corrupción, el combate al despilfarro ha sido elevado a una prioridad equivalente. El tratamiento de proyectos ineficientes y pérdidas prolongadas en el sector de industria y comercio es una muestra clara.
En este sentido, recientes directrices del Buró Político han enfatizado la necesidad de revisar y resolver proyectos retrasados, especialmente en materia de uso de tierras, con plazos concretos y responsabilidades definidas, alineando la acción institucional con objetivos de crecimiento económico.
Estos logros consolidan la lucha contra la corrupción como un pilar en la construcción y reforma del Partido. No obstante, los desafíos actuales requieren ir más allá: no solo limpiar el sistema, sino también impulsar el desarrollo socioeconómico. En línea con esta visión, las nuevas resoluciones del Partido establecen un enfoque dual: combatir firmemente la corrupción mientras se promueve el crecimiento sostenible.
Un aspecto clave de esta nueva orientación es la adopción de un enfoque más flexible y contextualizado en el tratamiento de infracciones, considerando factores históricos y priorizando los beneficios políticos, económicos y sociales del país. Esto busca proteger a quienes innovan y actúan en beneficio del interés común, evitando una cultura de temor que paralice la toma de decisiones.
En un contexto donde la ciencia, la tecnología y la transformación digital son motores fundamentales, el Comité Central enfatizó la necesidad de perfeccionar el marco legal para adaptarse a riesgos objetivos. La posibilidad de reducir o excluir responsabilidades penales en casos sin motivación de lucro y con reparación activa refleja un intento de equilibrar disciplina y estímulo a la innovación.
Particularmente relevante es el cambio estratégico hacia la prevención estructural. El enfoque se basa en cuatro pilares: impedir el deseo, la posibilidad, la osadía y la necesidad de cometer actos corruptos. Esto implica fortalecer las instituciones, mejorar la transparencia, controlar el poder y fomentar una cultura de integridad en toda la sociedad.
La Resolución 04 del Comité Central destaca el papel crucial de los líderes. La eficacia de las políticas anticorrupción depende en gran medida de su responsabilidad y capacidad. Por ello, además de sancionar fallas, se promueven mecanismos para proteger y alentar a quienes actúan de manera proactiva en la detección y prevención de irregularidades.
La implementación de estas políticas se ha concretado en planes detallados con objetivos, plazos y resultados definidos, lo que representa un avance en la metodología de liderazgo y gestión pública.
En conjunto, Vietnam entra en una nueva fase en su lucha contra la corrupción que combina firmeza, prevención y desarrollo. Aunque el combate contra este “enemigo interno” sigue siendo complejo, la experiencia acumulada, junto con un enfoque cada vez más sistemático y el respaldo social, ofrece bases sólidas para avanzar hacia una gobernanza más íntegra, transparente y orientada a un desarrollo sostenible./.
