La Asamblea Nacional de Vietnam examinó esta mañana los resultados de la recepción de planteamientos ciudadanas, la tramitación de peticiones y la supervisión de la resolución de reclamaciones y denuncias durante 2026, en el marco de su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.
El informe destaca los avances en estas labores, pero advierte de que algunas localidades aún afrontan riesgos de conflictos complejos, por lo que insta a las autoridades a actuar de forma preventiva y resolver los casos desde el nivel local.
Avances en la recepción de ciudadanos y la tramitación de peticiones
Al presentar el informe, Le Thi Nga, presidenta de la Comisión de Aspiraciones del Pueblo y Supervisión de la Asamblea Nacional, informó que los órganos parlamentarios y las delegaciones de diputados recibieron a 3.478 ciudadanos relacionados con 3.081 casos de reclamaciones, denuncias, propuestas y observaciones. También se registraron 104 visitas de grupos numerosos. En comparación con 2025, el número de ciudadanos atendidos disminuyó en 1.514 y el de grupos numerosos, en 199.
Durante el período, los órganos parlamentarios emitieron 586 documentos para remitir las peticiones a las autoridades competentes, proporcionaron orientaciones por escrito sobre 295 casos y exhortaron directamente a 2.200 ciudadanos a acatar las sentencias, conclusiones y decisiones de los organismos competentes.
Los órganos de la Asamblea Nacional y las delegaciones de diputados recibieron 26.915 peticiones, 3.390 menos que en 2025. De las 12.491 solicitudes que reunían las condiciones para su tramitación, remitieron 2.878 a las autoridades competentes y emitieron documentos de orientación o respuesta para otras 972. Asimismo, supervisaron la resolución de 66 casos.
Por su parte, los ministerios, organismos, tribunales populares, fiscalías populares y comités populares de las provincias y ciudades recibieron 561 casos relacionados con reclamaciones, denuncias, propuestas y observaciones. Hasta la fecha, habían resuelto y respondido 373, equivalentes al 66,5%, mientras que los 188 restantes seguían en trámite.
Para adaptar la legislación a la reorganización del aparato estatal y al modelo de administración local de dos niveles, el Gobierno encargó a la Inspección Gubernamental coordinar la elaboración de un proyecto de ley que modifique y complemente varias disposiciones de las leyes de Recepción de Ciudadanos, Reclamaciones y Denuncias. También promulgó cinco decretos para detallar su aplicación.
En cuanto a los casos complejos y prolongados que involucran a numerosas personas, especialmente aquellos elevados a las autoridades centrales en Hanoi, las entidades competentes cumplieron básicamente los requisitos de inspección, revisión y resolución definitiva de 226 casos, en aplicación de las conclusiones del secretario general del Partido recogidas en el Aviso No. 142-TB/VPTW. Las autoridades también abordaron otros expedientes dentro de sus competencias para evitar concentraciones multitudinarias y reclamaciones ante instancias superiores.
Respecto a las recomendaciones del Comité Permanente de la Asamblea Nacional incluidas en el informe de 2025, las autoridades habían resuelto y respondido 117 de los 268 casos señalados, lo que representa el 43,65%, mientras que los otros 151 seguían en examen y tramitación.
En numerosas localidades, los comités populares provinciales han dirigido la resolución de los casos desde el nivel local. Las infracciones de organizaciones e individuos han sido tratadas oportunamente y conforme a la ley, contribuyendo a mantener el orden y la seguridad y fortalecer la confianza de la población en el Partido y el Estado.
Detectar los problemas a tiempo y resolverlos desde el nivel local
Le Thi Nga recomendó al Gobierno reforzar la gestión estatal y las inspecciones administrativas en materia de recepción de ciudadanos y resolución de reclamaciones y denuncias. También instó a detectar de forma proactiva posibles conflictos, especialmente en localidades donde puedan surgir casos complejos que involucren a numerosas personas, y coordinarse con las autoridades locales para resolverlos definitivamente.
El Gobierno debe revisar y resolver los casos pendientes, complejos y prolongados, mientras que la Inspección Gubernamental debe perfeccionar las normas y orientaciones profesionales para adaptarlas al modelo de administración local de dos niveles y acelerar la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Base de Datos sobre recepción de ciudadanos, tramitación de peticiones y resolución de reclamaciones y denuncias.
El informe también recomienda al Ministerio de Seguridad Pública intensificar la prevención y lucha contra la delincuencia, mejorar la calidad de las investigaciones y garantizar que los delitos sean detectados y sancionados rigurosamente, sin dejar impunes a los culpables ni condenar a inocentes. Al Ministerio de Justicia le pide elevar la eficacia de la ejecución de las sentencias administrativas y civiles.
Asimismo, el Gobierno debe exigir a los presidentes de los comités populares provinciales y municipales que asuman mayor responsabilidad en la recepción de ciudadanos y la resolución de reclamaciones y denuncias, atendiendo los casos desde el ámbito local y coordinándose con los organismos centrales para resolver los expedientes pendientes.
Por su parte, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema deben mejorar la calidad y agilizar la resolución de los casos, garantizar la ejecución de las sentencias firmes y corregir las deficiencias en la capacidad y responsabilidad de los funcionarios encargados de recibir a los ciudadanos y tramitar sus peticiones.
Finalmente, el informe propone reforzar la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades y los órganos de la Asamblea Nacional para evitar que los expedientes sean remitidos a organismos equivocados y agilizar la resolución de los casos que siguen pendientes pese a las recomendaciones parlamentarias./.
