La Asamblea Nacional de Vietnam examinó esta mañana los resultados de la recepción de planteamientos ciudadanas, la tramitación de peticiones y la supervisión de la resolución de reclamaciones y denuncias durante 2026, en el marco de su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.

Le Thi Nga, presidenta de la Comisión de Aspiraciones del Pueblo y Supervisión de la Asamblea Nacional, infoma sobre los resultados de la recepción de ciudadanos, la tramitación de peticiones y la supervisión de la resolución de quejas y denuncias presentadas ante la Asamblea Nacional en 2026. Foto: VNA

El informe destaca los avances en estas labores, pero advierte de que algunas localidades aún afrontan riesgos de conflictos complejos, por lo que insta a las autoridades a actuar de forma preventiva y resolver los casos desde el nivel local.

Avances en la recepción de ciudadanos y la tramitación de peticiones

Al presentar el informe, Le Thi Nga, presidenta de la Comisión de Aspiraciones del Pueblo y Supervisión de la Asamblea Nacional, informó que los órganos parlamentarios y las delegaciones de diputados recibieron a 3.478 ciudadanos relacionados con 3.081 casos de reclamaciones, denuncias, propuestas y observaciones. También se registraron 104 visitas de grupos numerosos. En comparación con 2025, el número de ciudadanos atendidos disminuyó en 1.514 y el de grupos numerosos, en 199.

Durante el período, los órganos parlamentarios emitieron 586 documentos para remitir las peticiones a las autoridades competentes, proporcionaron orientaciones por escrito sobre 295 casos y exhortaron directamente a 2.200 ciudadanos a acatar las sentencias, conclusiones y decisiones de los organismos competentes.

Los órganos de la Asamblea Nacional y las delegaciones de diputados recibieron 26.915 peticiones, 3.390 menos que en 2025. De las 12.491 solicitudes que reunían las condiciones para su tramitación, remitieron 2.878 a las autoridades competentes y emitieron documentos de orientación o respuesta para otras 972. Asimismo, supervisaron la resolución de 66 casos.

Por su parte, los ministerios, organismos, tribunales populares, fiscalías populares y comités populares de las provincias y ciudades recibieron 561 casos relacionados con reclamaciones, denuncias, propuestas y observaciones. Hasta la fecha, habían resuelto y respondido 373, equivalentes al 66,5%, mientras que los 188 restantes seguían en trámite.

Para adaptar la legislación a la reorganización del aparato estatal y al modelo de administración local de dos niveles, el Gobierno encargó a la Inspección Gubernamental coordinar la elaboración de un proyecto de ley que modifique y complemente varias disposiciones de las leyes de Recepción de Ciudadanos, Reclamaciones y Denuncias. También promulgó cinco decretos para detallar su aplicación.

En cuanto a los casos complejos y prolongados que involucran a numerosas personas, especialmente aquellos elevados a las autoridades centrales en Hanoi, las entidades competentes cumplieron básicamente los requisitos de inspección, revisión y resolución definitiva de 226 casos, en aplicación de las conclusiones del secretario general del Partido recogidas en el Aviso No. 142-TB/VPTW. Las autoridades también abordaron otros expedientes dentro de sus competencias para evitar concentraciones multitudinarias y reclamaciones ante instancias superiores.

Respecto a las recomendaciones del Comité Permanente de la Asamblea Nacional incluidas en el informe de 2025, las autoridades habían resuelto y respondido 117 de los 268 casos señalados, lo que representa el 43,65%, mientras que los otros 151 seguían en examen y tramitación.

En numerosas localidades, los comités populares provinciales han dirigido la resolución de los casos desde el nivel local. Las infracciones de organizaciones e individuos han sido tratadas oportunamente y conforme a la ley, contribuyendo a mantener el orden y la seguridad y fortalecer la confianza de la población en el Partido y el Estado.

Detectar los problemas a tiempo y resolverlos desde el nivel local

Le Thi Nga recomendó al Gobierno reforzar la gestión estatal y las inspecciones administrativas en materia de recepción de ciudadanos y resolución de reclamaciones y denuncias. También instó a detectar de forma proactiva posibles conflictos, especialmente en localidades donde puedan surgir casos complejos que involucren a numerosas personas, y coordinarse con las autoridades locales para resolverlos definitivamente.

El Gobierno debe revisar y resolver los casos pendientes, complejos y prolongados, mientras que la Inspección Gubernamental debe perfeccionar las normas y orientaciones profesionales para adaptarlas al modelo de administración local de dos niveles y acelerar la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Base de Datos sobre recepción de ciudadanos, tramitación de peticiones y resolución de reclamaciones y denuncias.

El informe también recomienda al Ministerio de Seguridad Pública intensificar la prevención y lucha contra la delincuencia, mejorar la calidad de las investigaciones y garantizar que los delitos sean detectados y sancionados rigurosamente, sin dejar impunes a los culpables ni condenar a inocentes. Al Ministerio de Justicia le pide elevar la eficacia de la ejecución de las sentencias administrativas y civiles.

Asimismo, el Gobierno debe exigir a los presidentes de los comités populares provinciales y municipales que asuman mayor responsabilidad en la recepción de ciudadanos y la resolución de reclamaciones y denuncias, atendiendo los casos desde el ámbito local y coordinándose con los organismos centrales para resolver los expedientes pendientes.

Por su parte, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema deben mejorar la calidad y agilizar la resolución de los casos, garantizar la ejecución de las sentencias firmes y corregir las deficiencias en la capacidad y responsabilidad de los funcionarios encargados de recibir a los ciudadanos y tramitar sus peticiones.

Finalmente, el informe propone reforzar la coordinación y el intercambio de información entre las autoridades y los órganos de la Asamblea Nacional para evitar que los expedientes sean remitidos a organismos equivocados y agilizar la resolución de los casos que siguen pendientes pese a las recomendaciones parlamentarias./.