La transformación digital se considera un motor para elevar la productividad, reducir costos y fortalecer la competitividad empresarial en Vietnam. Sin embargo, para muchas pequeñas empresas, este proceso no parte de una estrategia de desarrollo, sino de la presión normativa, donde “cumplir a tiempo a las regulaciones” a veces pesa más que lograr eficiencia.
En los últimos dos años, junto con la reforma de los procedimientos administrativos y el impulso al gobierno digital, las empresas se han visto obligadas a implementar una serie de requisitos, como la factura electrónica, la firma digital, la declaración y el pago de impuestos en línea, los reportes laborales, la seguridad social y la conexión de datos con los organismos reguladores. Para las grandes empresas, con estructuras de gestión consolidadas y recursos financieros suficientes, este proceso ha sido relativamente fluido. En cambio, para las pequeñas empresas —que representan más del 95 % del total— la digitalización se ha convertido en una auténtica “carrera contrarreloj” cargada de presión.
Además de la falta de personal tecnológico, muchos propietarios deben estudiar por su cuenta las normativas y gestionar datos mientras continúan dirigiendo la producción y las actividades comerciales. Según señalan, la implantación de sistemas digitales no busca reestructurar la gestión, sino que es simplemente una condición para poder seguir operando.
La mayor presión reside en los costos y los riesgos. A las inversiones iniciales en software, facturación electrónica y firmas digitales se suman los gastos de mantenimiento, consultoría, capacitación y corrección de fallos. Más preocupante aún, un pequeño error técnico en una declaración electrónica puede derivar en sanciones administrativas, obligando a las empresas a corregir fallos y, al mismo tiempo, presentar explicaciones.
En un contexto de exigencias de cumplimiento cada vez más estrictas, muchas pequeñas empresas afrontan la transformación digital con la mentalidad de “no se permite ningún error”, lo que convierte un proceso que debería basarse en la experimentación y el aprendizaje en un riesgo jurídico latente.
Según las propias empresas, el problema no radica en la política de digitalización, sino en la velocidad y la forma de implementación. Las capacidades de absorción entre grandes y pequeñas empresas son muy distintas, mientras que el enfoque actual sigue siendo uniforme. Para que la transformación digital se convierta realmente en un motor de crecimiento, es necesario estandarizar e integrar los sistemas, reducir la duplicación de la introducción de datos y reforzar el apoyo técnico y la capacitación efectiva según el tamaño de las empresas, en lugar de centrarse únicamente en las sanciones./.
