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Convención de Hanoi: Protección de los derechos humanos y de los ciudadanos en era digital
Hanoi (VNA) – La protección de los derechos humanos y de los ciudadanos en el ciberespacio es esencial para construir un futuro digital seguro, inclusivo y centrado en las personas, coincidieron los participantes en un debate de alto nivel celebrado el 25 de octubre en Hanoi.
El evento, titulado “Protección de los ciudadanos en la era de la transformación digital”, se realizó en el marco de la ceremonia de firma y la conferencia de alto nivel de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi).
El debate contó con la participación de numerosos líderes gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y expertos jurídicos.
El ministro de Justicia de Vietnam, Nguyen Hai Ninh, subrayó que la adopción de la Convención de Hanoi marca un hito histórico en los esfuerzos globales por combatir la ciberdelincuencia, 25 años después de la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) en el año 2000.
“El recorrido de Palermo a Hanoi no solo tiene un significado simbólico, sino que también refleja el compromiso constante de la comunidad internacional con el fortalecimiento de la cooperación multilateral, la armonización de los marcos jurídicos y la creación de mecanismos flexibles para hacer frente a los complejos desafíos jurídicos transfronterizos del siglo XXI”, afirmó.
Según el ministro, la humanidad vive inmersa en la Cuarta Revolución Industrial, impulsada por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el big data, la cadena de bloques y el Internet de las Cosas.
Los datos se han convertido en un recurso estratégico que fomenta el desarrollo, la conectividad y la innovación a escala global. No obstante, junto a estos avances, la ciberdelincuencia también se ha expandido con rapidez, adoptando formas cada vez más sofisticadas y transnacionales que amenazan no solo las economías, sino también la seguridad nacional y los derechos humanos fundamentales.
En este contexto, destacó que la firma de la Convención de Hanoi reviste una importancia especial al servir como plataforma para que las naciones reafirmen su compromiso común con la lucha contra la ciberdelincuencia y la protección de las personas en el entorno digital. Añadió que Vietnam considera que el valor central de la transformación digital debe sustentarse en la defensa de los derechos humanos y de los ciudadanos en el ciberespacio.
Para lograrlo, propuso una serie de medidas clave, como fortalecer los marcos jurídicos destinados a proteger los derechos humanos en línea con las convenciones internacionales; asegurar la coherencia entre las leyes nacionales e internacionales; vincular la protección de los derechos humanos con los intereses nacionales; y promover la responsabilidad compartida entre gobiernos, organizaciones, empresas e individuos para garantizar la ciberseguridad y la seguridad digital.
Compartiendo la experiencia de Turquía, el ministro de Justicia turco, Yılmaz Tunç, recordó que su país aprobó la Ley de Internet en 2001 y, desde entonces, ha promulgado múltiples instrumentos legales para proteger a los ciudadanos frente a la información dañina o falsa en línea. Asimismo, Turquía ha desarrollado una plataforma de justicia digital que conecta a los organismos judiciales, permitiendo a los ciudadanos presentar peticiones y seguir casos en línea.
Este sistema, que actualmente cuenta con más de 25 millones de usuarios, también posibilita audiencias virtuales por videoconferencia, mejorando la transparencia y el acceso a la justicia.
Tunç expresó la disposición de Turquía a compartir su experiencia en justicia digital y seguridad en línea con otros países.
Por su parte, la embajadora de Australia para Asuntos Cibernéticos y Tecnología Crítica, Jessica Hunter, afirmó que su país se enfoca en tres prioridades para proteger a sus ciudadanos en la era digital: sensibilizar al público sobre la seguridad en línea, proporcionar herramientas y directrices para identificar y responder a las vulneraciones, y garantizar mecanismos de queja y reparación que permitan a los ciudadanos denunciar violaciones de sus derechos en el entorno digital./.
