Noticieros
Asamblea Nacional adopta tres leyes y dos resoluciones para reforzar la justicia y combatir la delincuencia
La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy durante su segundo periodo de sesiones de la XVI legislatura, tres leyes y dos resoluciones relacionadas con la justicia y la prevención y lucha contra la delincuencia. Entre los textos aprobados figuran el Código Penal revisado y la resolución sobre la política de inversión del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra las Drogas y la Delincuencia para el periodo 2026-2035.
El Código Penal revisado recibió 463 votos favorables de los 472 diputados participantes en la votación. Compuesto por tres partes, 25 capítulos y 417 artículos, entrará en vigor el 1 de marzo de 2027. La Asamblea Nacional aprobó también una resolución sobre su aplicación.
Al presentar el informe sobre la incorporación de las opiniones de los diputados y las modificaciones introducidas en el proyecto de ley, el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, señaló que el texto mantiene la propuesta de abolir la pena de muerte para seis delitos, para los que se establece la cadena perpetua como pena máxima. La medida responde a un enfoque más humanitario y busca garantizar la proporcionalidad de las sanciones, en consonancia con las tendencias internacionales, sin menoscabar la eficacia de la prevención y la lucha contra la delincuencia.
El Código también contempla la posibilidad de que los tribunales impongan penas inferiores al mínimo legal en determinados casos, cuando los acusados reconozcan voluntariamente su culpabilidad, cooperen con las autoridades y acepten la pena propuesta. Para ello, se tendrán en cuenta su actitud, su grado de colaboración y sus esfuerzos por reparar los daños y subsanar las consecuencias de sus actos. Esta disposición también facilita la aplicación de procedimientos judiciales simplificados, contribuyendo a agilizar la resolución de los casos sin comprometer la objetividad ni la exhaustividad del proceso.
En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas comerciales, las nuevas disposiciones precisan la responsabilidad de las personas físicas que cometen directamente los delitos y la de las entidades jurídicas cuando los actos se realizan en su nombre y concurren las condiciones legales correspondientes. La revisión busca armonizar la aplicación de las sanciones con la protección del bienestar social, los derechos de los trabajadores y el entorno empresarial, así como con el desarrollo del sector privado, en consonancia con la Resolución n.º 68-NQ/TW del Buró Político.
Asimismo, el Código actualiza las disposiciones relativas a los delitos vinculados con las nuevas tecnologías, la informática y las actividades económicas, a fin de responder a las nuevas modalidades delictivas y evitar lagunas legales. También ajusta los umbrales de responsabilidad penal y las penas aplicables a determinados delitos para evitar tanto la criminalización excesiva como la impunidad, así como las disposiciones superpuestas o contradictorias.
Por otra parte, la Asamblea Nacional aprobó, con 458 votos a favor de un total de 467 diputados, la Ley revisada sobre la Organización de los Órganos de Investigación Criminal, que consta de ocho capítulos y 54 artículos y entrará en vigor el 1 de marzo de 2027.
La norma define el sistema de órganos de investigación dependientes de la Policía Popular y del Ejército Popular de Vietnam, así como sus respectivas competencias. En particular, atribuye a los órganos de investigación de la seguridad pública la competencia para investigar siete delitos, cuatro relacionados con la seguridad aérea, dos con la proliferación de armas de destrucción masiva y uno con los actos de profanación de la bandera nacional, el emblema nacional, el himno nacional y la bandera del Partido.
La ley también modifica las competencias de los servicios de aduanas, guardabosques y vigilancia pesquera. En lugar de disponer de facultades de investigación durante un mes, como ocurría anteriormente, estos organismos podrán realizar actuaciones preliminares durante un máximo de siete días, tras los cuales deberán remitir los expedientes a los órganos de investigación competentes.
La tercera norma aprobada fue la Ley revisada sobre el Tratamiento de las Infracciones Administrativas, que obtuvo 460 votos favorables de los 464 diputados participantes. Compuesta por seis capítulos y 131 artículos, entrará en vigor, con carácter general, el 1 de enero de 2028.
La ley establece los límites máximos de las multas y los plazos de prescripción en función de cada sector. En determinados ámbitos complejos, que requieren largos procesos de verificación y peritaje, el plazo de prescripción será de tres años, con multas máximas de unos 58.500 dólares para las personas físicas y de 117.000 dólares para las organizaciones. Por el contrario, en sectores como la protección del medio ambiente, la seguridad vial, el transporte fluvial y las actividades marítimas, dicho plazo se reducirá a un año.
Entre las nuevas disposiciones destaca la introducción del servicio comunitario como alternativa a las multas de hasta unos 195 dólares, para quienes reconozcan voluntariamente la infracción y soliciten acogerse a esta medida.
La norma también establece condiciones y procedimientos más estrictos para aplicar medidas preventivas como la suspensión del suministro de electricidad, agua e internet, así como de los servicios de matriculación e inspección de vehículos, con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos. En el caso de los menores, contempla la posibilidad de aplicar medidas de supervisión familiar o educación comunitaria en determinados supuestos, en consonancia con el enfoque de la Ley de Justicia Juvenil, que prioriza las medidas alternativas.
Por último, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, con los 470 votos emitidos a favor, la resolución sobre la política de inversión del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra las Drogas y la Delincuencia para el periodo 2026-2035.
El nuevo texto sustituye a la Resolución N.º 163/2024/QH15, aprobada el 27 de noviembre de 2024.
Según el ministro Luong Tam Quang, el programa tiene como objetivo reforzar la prevención de la delincuencia y promover la capacidad de autoprotección de la población, prestando especial atención a las mujeres, los niños y los grupos vulnerables.
Para 2030, el programa se propone que al menos el 50% de las unidades administrativas de nivel comunal y el 20% de las de nivel provincial estén libres de drogas.
El plan comprende diez proyectos y diez subproyectos, con objetivos, tareas y responsabilidades claramente definidos. Los recursos destinados al periodo 2026-2030 se concentrarán en atender las necesidades más urgentes y las zonas de mayor riesgo, especialmente las regiones fronterizas, montañosas y habitadas por minorías étnicas, que presentan mayores dificultades socioeconómicas./.





