La Resolución 79-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV), emitida el 6 de enero de 2026, marca un importante paso de renovación en el pensamiento teórico y la percepción del Partido sobre la economía estatal, definiendo por primera vez de manera completa y sistemática su contenido en una resolución especializada, aclarando su posición y ampliando el alcance de este sector.
Durante la Conferencia Nacional para el estudio, aprendizaje, comprensión e implementación de la Resolución 79 sobre desarrollo de la economía estatal y la Resolución 80 sobre desarrollo cultural, celebrada hoy en Hanoi, el miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Políticas y Estrategia del Comité Central del PCV, Nguyen Thanh Nghi, destacó que la economía estatal es un componente particularmente importante de la economía de mercado con orientación socialista.
Es concebida como un conjunto unificado que abarca todos los recursos que el Estado posee, gestiona y controla para alcanzar objetivos de desarrollo socioeconómico, estabilidad macroeconómica y garantía de la defensa y seguridad nacionales, subrayó.
Estos recursos incluyen tierras, minerales, recursos hídricos, espacio aéreo, zonas marítimas, espacio subterráneo, infraestructura pública, presupuesto estatal, reservas nacionales, fondos financieros extrapresupuestarios, empresas estatales, entidades crediticias públicas, capital estatal en empresas y unidades de servicios públicos.
La resolución afirma que a lo largo de 80 años de construcción y desarrollo, especialmente tras 40 años de renovación (Doi Moi), la economía estatal ha mantenido un papel rector, siendo simultáneamente base material importante e instrumento estratégico para que el Estado oriente, conduzca y regule las actividades económicas, impulse el crecimiento, estabilice la macroeconomía, preserve los grandes equilibrios, garantice la defensa y seguridad, y promueva un desarrollo rápido y sostenible con orientación socialista.
Sin embargo, la resolución señala limitaciones existentes: políticas y leyes sobre economía estatal lentas en renovarse; gestión, explotación y uso ineficiente de recursos y activos estatales; empresas estatales con desempeño limitado, sin el rol pionero en innovación y con lenta reforma; y unidades de servicios públicos poco eficientes, con calidad insuficiente.
Para potenciar el papel de la economía estatal y contribuir a las metas estratégicas del país para 2030 y 2045, la resolución establece cinco grupos de orientaciones sistemáticas, integrales y novedosas: renovar y concretar el papel rector de la economía estatal en la economía de mercado con orientación socialista; definir la relación de desarrollo entre la economía estatal y otros sectores económicos, con el objetivo de que para 2045 la economía estatal sea una base sólida que garantice la autonomía estratégica, la resiliencia y la competitividad integral de la economía; mejorar la eficiencia en la gestión, explotación y uso de los recursos de la economía estatal; elevar las tareas de la economía estatal vinculadas a la renovación del modelo de crecimiento; fortalecer el liderazgo del Partido y la eficacia de la gestión estatal sobre la economía estatal.
La resolución establece metas cuantitativas como: movilización presupuestaria en torno al 18% del PIB, déficit presupuestario alrededor del 5% del PIB, deuda pública no superior al 60% del PIB, e inversión para desarrollo entre el 35-40% del gasto presupuestario.
Para las empresas estatales, se aspira a que 50 compañías figuren entre las 500 más grandes del Sudeste Asiático y de 1 a 3 entre las 500 más grandes del mundo, con el 100% de empresas con gestión moderna en plataforma digital.
La resolución propone siete grupos de tareas y soluciones generales, destacando: la transformación del pensamiento de gestión administrativa hacia una gestión moderna que promueva el desarrollo; el perfeccionamiento del sistema legal; la creación de un entorno de inversión justo y transparente; la mejora de la calidad de los recursos humanos; la construcción de un sistema de datos unificado sobre la economía estatal; y el fortalecimiento de la inspección y auditoría.
Para la infraestructura, se exige desarrollar estrategias con visión de largo plazo, garantizando la sincronía y aprovechamiento eficiente, así como complementar el marco legal para movilizar recursos extrapresupuestarios.
En cuanto al presupuesto estatal, se requiere vincular la gestión presupuestaria con la reestructuración económica, aumentar la descentralización de ingresos y gastos, y priorizar la inversión pública en proyectos estratégicos.
Las reservas nacionales deben convertirse en recursos estratégicos vinculados a la defensa, seguridad y protección social, con inversión en infraestructura moderna.
Para los fondos financieros extrapresupuestarios, se exige reorganización, reducción de entidades y fusión o disolución de aquellos ineficientes.
En relación con las empresas estatales, la resolución establece medidas para garantizar que sean una fuerza material importante, impulsando la inversión en ciencia, tecnología, innovación, transformación digital y verde, renovando la gestión empresarial y reestructurando el capital estatal.
Para las entidades crediticias estatales, se continuará aplicando estándares de gestión modernos y transformación digital integral.
La resolución enfatiza la reorganización de las unidades de servicios públicos, la transición del mecanismo de asignación directa al apoyo directo a beneficiarios, la promoción de la asociación público-privada y la aplicación de tecnología digital para que los ciudadanos evalúen directamente la calidad de los servicios públicos./.
