De las resoluciones a la acción
Perfeccionamiento de las regulaciones sobre los mecanismos y políticas piloto de desarrollo cultural
El 22 de abril, la Asamblea Nacional de Vietnam debatió el proyecto de resolución sobre mecanismos y políticas innovadoras destinado a promover el desarrollo cultural del país.
Durante el examen, los diputados expresaron un amplio consenso sobre la necesidad de aprobar este documento con el fin de institucionalizar oportunamente las directrices del Partido recogidas en la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político. En la actualidad, los recursos de inversión provenientes del presupuesto estatal para el desarrollo cultural siguen siendo limitados. El Estado se compromete a garantizar que el gasto anual en cultura represente al menos el 2 % del presupuesto total.
No obstante, el diputado Tran Van Khai (Ninh Binh) señaló que, si bien fijar ese umbral del 2 % es correcto, resulta insuficiente si no se define con claridad su estructura de asignación: cuánto se destinará a infraestructuras culturales de base, preservación del patrimonio, transformación digital o seguridad cultural en el entorno digital. Advirtió que, sin esta precisión, podría alcanzarse el objetivo cuantitativo de gasto sin lograr la eficacia estratégica prevista.
Al respecto, los delegados propusieron modificar el contenido del proyecto de resolución en el sentido de que, además de garantizar un nivel mínimo del 2 % del gasto total del presupuesto estatal, se establezca claramente la prioridad en la asignación de los planes de inversión pública a mediano plazo y de las estimaciones presupuestarias anuales para la transformación digital en el ámbito cultural, el desarrollo de la infraestructura de datos culturales nacionales y la digitalización del patrimonio ya catalogado, con el fin de garantizar de manera sostenible la seguridad cultural en el entorno digital. .
Al analizar el mecanismo de aceptación de riesgos previsto en los artículos 8 y 11 del proyecto de resolución, la diputada Nguyen Phuong Thuy (Hanói) evaluó que la orientación de la política es correcta, pero aún no resulta suficiente para su implementación. Aunque el texto menciona mecanismos como la asignación de gastos, la contratación por encargo y el Fondo de Cultura y Artes con un enfoque de aceptación de riesgos, aún no se ha aclarado el mecanismo de recepción y liquidación. En la práctica, este es precisamente el mayor cuello de botella en la implementación de políticas relacionadas con la ejecución y liquidación presupuestaria, ya que se sigue aplicando la lógica tradicional de gestión de las finanzas públicas a un ámbito como el cultural.
La legisladora propuso modificar el artículo 8 para establecer que los proyectos de innovación financiados con recursos públicos deban someterse a un proceso independiente, en el que las conclusiones de un consejo especializado sobre el valor ideológico y artístico constituyan la base principal para su evaluación y liquidación. Asimismo, en el artículo 11 sugirió incorporar el principio de no exigir la devolución de los costes razonables en aquellos casos en que los proyectos no alcancen la rentabilidad económica prevista, pero sí cumplan con los estándares de calidad artística. “Sin estas precisiones, la aceptación del riesgo será difícil de aplicar”, advirtió.
En cuanto a las disposiciones piloto, los delegados argumentaron que el proyecto adopta un enfoque adecuado al proponer múltiples iniciativas experimentales en distintos artículos: el artículo 4 contempla modelos piloto de instituciones culturales, incluidas ciudades patrimoniales; el artículo 8 introduce mecanismos piloto de asignación presupuestaria y la ordenación de trabajos creativos; los artículos 10 y 11 abordan el Fondo de Cultura y Artes bajo un modelo de asociación público-privada; y el artículo 11 incluye modelos de cultura digital. Este enfoque resulta pertinente en un ámbito donde muchas políticas son novedosas y requieren experimentación antes de su formalización legal. Un aspecto positivo es que el proyecto ya delimita plazos de prueba, generalmente entre cinco y diez años.
Sin embargo, subrayó que el elemento clave de un mecanismo piloto es el diseño de su contenido y su implementación. Persisten ambigüedades en cuanto a los sujetos responsables y las competencias, lo que dificulta determinar claramente la autoridad en caso de incidencias o exigencias de rendición de cuentas.
Asimismo, muchas disposiciones se limitan a autorizar la implementación piloto sin especificar qué aspectos pueden diferir de la legislación vigente, en qué medida y dentro de qué límites. Conforme al ordenamiento jurídico, cuando la Asamblea Nacional autoriza proyectos piloto, especialmente si implican excepciones a la ley, la resolución debe definir con claridad estos elementos esenciales. De lo contrario, existe el riesgo de que no puedan ejecutarse por falta de base jurídica o, por el contrario, que se delegue un margen excesivo a los órganos ejecutores.
Nguyen Phuong Thuy también señaló que el proyecto no define con claridad los objetivos ni los criterios de evaluación de los programas piloto. La mayoría de las disposiciones se limita a establecer orientaciones políticas sin concretar los resultados esperados tras el período de prueba, lo que dificulta evaluar su eficacia y decidir su continuidad o ampliación.
Aunque el proyecto asigna al Gobierno la responsabilidad de desarrollar los detalles de implementación, el alcance de los contenidos delegados es bastante amplio, mientras que la resolución aún no ha diseñado un marco normativo suficiente que sirva de base.
“Esto supone un riesgo para la legalidad, ya que podría derivar en una situación en la que documentos sublegales decidan sobre cuestiones que, legítimamente, deberían estar bajo la jurisdicción de la Asamblea Nacional”, advirtió Thuy.
La representante de Hanói hizo hincapié en que, cuando la resolución opta por otorgar facultades relativamente amplias al Gobierno y a los organismos ejecutores para decidir y organizar la implementación piloto, en principio, deben diseñarse mecanismos correspondientes para el control del poder, la supervisión y la rendición de cuentas.
Sobre la base del análisis precedente, Nguyen Phuong Thuy sugirió que deberían perfeccionarse aún más las regulaciones sobre los programas piloto, definiéndolas explícitamente en el proyecto de resolución.
Específicamente, para cada política piloto, es necesario definir claramente el ámbito de aplicación, el contenido permitido que difiera de la legislación vigente, el mecanismo de rendición de cuentas en su implementación y los principios de implementación, de conformidad con los requisitos de “persona, tarea, lugar, plazo, responsabilidad, producto y autoridad claramente definidos”.
De no existir fundamentos suficientes para su regulación inmediata, se requiere una preparación adicional y se deberá presentar a la Asamblea Nacional una resolución piloto independiente sobre estos temas para su promulgación, a fin de garantizar el rigor, la transparencia y la debida autoridad de la Asamblea Nacional./.
