Hanoi (VNA) - La reestructuración del aparato y de las unidades administrativas abre una nueva etapa en la reforma de la gestión pública en Vietnam. Sin embargo, junto con la reducción de estructuras organizativas, surge otro desafío: miles de sedes e inmuebles públicos que han quedado sin uso tras las fusiones administrativas deben ser reasignados con rapidez. Si se reutilizan de manera adecuada, podrán reforzar la infraestructura educativa, sanitaria y cultural, además de crear nuevos espacios para el desarrollo local.

Según el Ministerio de Finanzas, en todo el país existen actualmente más de 11 mil inmuebles públicos transferidos o recuperados que aún requieren ser procesados para volver a ponerse en uso. Se trata de un importante volumen de activos, que incluye sedes de organismos administrativos, instituciones públicas y terrenos ubicados en zonas estratégicas de ciudades y áreas residenciales.

La situación resulta especialmente llamativa cuando numerosas localidades carecen de escuelas, centros de salud, espacios comunitarios, aparcamientos o suelo para nuevas infraestructuras, mientras que muchas antiguas sedes permanecen cerradas durante meses e incluso años.

Desde el punto de vista económico, este problema trasciende la mera gestión del patrimonio estatal y plantea una cuestión de asignación eficiente de recursos. El economista Dinh Trong Thinh considera que el valor de un bien público no debe medirse únicamente por el ingreso obtenido mediante su venta o arrendamiento, sino también por los beneficios socioeconómicos que puede generar cuando se destina oportunamente a un uso adecuado.

Una antigua sede convertida en escuela permite reducir considerablemente el costo de construir nuevas instalaciones y ampliar rápidamente la capacidad educativa. Del mismo modo, un edificio transformado en centro de salud fortalece la atención primaria sin necesidad de esperar años para ejecutar nuevos proyectos. Incluso los terrenos con potencial comercial, si se integran adecuadamente en la planificación urbana, pueden atraer inversiones, generar ingresos y dinamizar el desarrollo de los servicios.

Desde esta perspectiva, los inmuebles públicos excedentes dejan de ser edificios que han concluido su función administrativa para convertirse en recursos que deben reasignarse de acuerdo con las nuevas necesidades del desarrollo. Su verdadero valor reside en la capacidad de seguir aportando beneficios a la comunidad.

No obstante, persiste una brecha considerable entre la política y su aplicación práctica. Aunque ministerios, organismos y administraciones locales coinciden en la necesidad de reasignar rápidamente estos bienes para evitar el despilfarro, el proceso avanza con menor rapidez de la esperada.

Numerosas instalaciones ya cuentan con un plan de reutilización, pero aún no han podido ser transferidas o remodeladas. En algunos casos se prevé destinarlas a escuelas o centros de salud, aunque todavía están pendientes de completar los trámites sobre suelo y planificación. En otros, la demora en fijar el precio inicial impide avanzar con la subasta de activos aptos para ese fin.

En la provincia de Tay Ninh, tras la reorganización administrativa y la implantación del nuevo modelo de administración local de dos niveles, existen tres mil 386 inmuebles públicos, de los cuales 876 deben ser reasignados o transferidos. Aunque ya se elaboraron planes de tratamiento para los 420 inmuebles excedentes, la ejecución enfrenta dificultades debido al elevado volumen de activos, la falta de documentación jurídica de algunos de ellos y el deterioro de determinadas instalaciones, mientras los recursos para su rehabilitación siguen siendo limitados.

Esta situación no es exclusiva de Tay Ninh. Muchas otras localidades afrontan dificultades similares, ya que la gestión de estos activos implica la coordinación de normativas sobre patrimonio público, suelo, inversión, construcción y planificación urbana. A ello se suma la cautela de algunos funcionarios ante asuntos relacionados con la valoración y disposición de bienes públicos, lo que obliga a solicitar múltiples autorizaciones y prolonga los plazos de tramitación.

Por ello, el objetivo actual no consiste únicamente en acelerar la reutilización de los inmuebles excedentes, sino también en establecer un mecanismo suficientemente claro que permita a las administraciones locales actuar con mayor autonomía, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa y el aprovechamiento óptimo de cada activo.

En este contexto, la Resolución No. 31/2026/NQ-CP sobre políticas especiales para el tratamiento de inmuebles públicos excedentes tras la reorganización administrativa representa un cambio significativo en la gestión del patrimonio estatal. Si anteriormente la prioridad era evitar pérdidas patrimoniales mediante un control estricto, ahora el objetivo consiste también en reincorporar estos activos al desarrollo socioeconómico con la mayor rapidez posible.

Uno de los aspectos más destacados de la resolución es el fortalecimiento de la descentralización, al otorgar mayor capacidad de decisión a las administraciones locales sobre el destino de cada inmueble. Este cambio resulta especialmente relevante, ya que son las propias autoridades locales quienes mejor conocen las necesidades de escuelas, centros sanitarios, instalaciones culturales, infraestructuras de transporte o suelo para el desarrollo. Una mayor autonomía permitirá reducir trámites y agilizar el proceso.

El viceministro de Finanzas, Ta Anh Tuan, subrayó que el tratamiento de estos inmuebles no solo responde al objetivo de ahorrar recursos y evitar el despilfarro, sino también al de poner los activos al servicio del desarrollo económico y social.

Paralelamente, el Ministerio de Finanzas ha instado a otras carteras y gobiernos locales a revisar y clasificar todos los inmuebles excedentes, elaborar planes específicos para cada caso, actualizar la base de datos nacional y publicar los listados de bienes susceptibles de reasignación, arrendamiento o subasta. Asimismo, la responsabilidad de los dirigentes se vinculará directamente con el avance de estos procesos para evitar nuevos retrasos y el deterioro continuado de los activos.

Diversas experiencias locales muestran que una correcta reutilización multiplica el valor del patrimonio público. En la comuna de Van Giang, provincia de Hung Yen, la antigua sede del Consejo Popular, con un terreno de casi cinco mil metros cuadrados, está siendo transformada en un centro de salud comunal. Gracias al aprovechamiento de las instalaciones existentes, la localidad reduce el gasto público y acorta el plazo de puesta en funcionamiento.

En Phu Tho, varias sedes administrativas han sido reconvertidas en escuelas, centros educativos y otras instalaciones comunitarias, lo que ha permitido ampliar rápidamente la capacidad del sistema educativo sin necesidad de nuevas inversiones.

Por su parte, Ninh Binh ha adoptado un enfoque más flexible. Hasta el 24 de junio de 2026 contaba con 839 inmuebles excedentes, de los cuales 367 ya habían sido reasignados. Los edificios aún aptos continúan utilizándose para organismos públicos, escuelas, centros sanitarios e instalaciones culturales; los terrenos con potencial comercial se destinan a subastas o arrendamientos para generar ingresos; mientras que otros espacios se transforman en parques, estacionamientos o áreas comunitarias.

En Quang Ninh, la gestión del patrimonio público se integra dentro de la planificación general del desarrollo provincial. Las instalaciones que siguen siendo útiles se reasignan a organismos que carecen de sedes, y solo los activos sin utilidad pública son destinados a otras modalidades de explotación. Según las autoridades financieras de la provincia, el objetivo no es maximizar los ingresos inmediatos, sino elegir la opción que aporte el mayor beneficio al desarrollo económico y social.

Especialistas consideran que, pese a la diversidad de enfoques, todas estas experiencias comparten un mismo objetivo: vincular la gestión del patrimonio público con las necesidades reales de cada territorio. En consecuencia, el valor de los activos no debe medirse únicamente en términos económicos, sino también por los beneficios duraderos que generan para la sociedad./.