La Resolución N.º 79-NQ/TW, emitida por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam el 6 de enero y centrada en el desarrollo de la economía estatal, redefine el papel de este sector como fuerza pionera, líder y motor del crecimiento, dejando atrás un enfoque predominantemente defensivo. La medida apunta a impulsar el crecimiento, mejorar la eficiencia de las empresas estatales y fortalecer la competitividad de la economía nacional.

El profesor asociado y doctor Nguyen Thuong Lang del Instituto de Comercio Internacional y Economía, Universidad Nacional de Economía. (Foto: https://moit.gov.vn/)

Así lo afirmó el profesor asociado y doctor Nguyen Thuong Lang, experto económico y docente del Instituto de Comercio Internacional y Economía de la Universidad Nacional de Economía, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA). Señaló que la Resolución 79 representa un giro importante en la concepción del rol de la economía estatal.

En etapas anteriores, dijo, este sector cumplía principalmente funciones de gestión y respaldaba tareas políticas, de seguridad, defensa y bienestar social. En la nueva etapa, su misión queda claramente definida como fuerza pionera, líder y generadora de desarrollo.

Según el experto, la Resolución no solo reafirma el papel rector de la economía estatal consagrado en la Constitución, sino que también exige que las empresas estatales se conviertan en un referente para otros sectores económicos. Asimismo, deben proyectar la imagen y el prestigio de la economía nacional en el ámbito internacional, lo que exige mayor incorporación de tecnología, modelos modernos de gestión y una sólida cultura empresarial.

En cuanto a la relación entre las responsabilidades políticas y la eficiencia del mercado, Nguyen Thuong Lang afirmó que la igualdad absoluta no puede alcanzarse de inmediato, aunque la brecha se está reduciendo. Las empresas estatales, que gestionan activos pertenecientes a toda la nación - incluidos la tierra y los recursos naturales-, deben seguir asumiendo tareas políticas y aceptar sacrificios económicos en situaciones especiales, como emergencias, desastres naturales o asuntos de seguridad nacional. En cambio, las empresas privadas operan bajo principios de mercado con el objetivo de maximizar beneficios.

No obstante, la Resolución 79 contribuye a acortar esta brecha. El experto prevé que, durante el actual período de transición, se alcance una proporción más equilibrada, en la que las empresas estatales destinen alrededor del 30 % de sus recursos a tareas políticas y el 70 % restante funcione conforme a mecanismos de mercado, permitiendo una competencia y un desarrollo más equitativos.

En la actualidad, la igualdad entre los distintos sectores económicos es cada vez más visible gracias a un marco jurídico unificado, y la orientación establecida por la Resolución 79 es considerada adecuada.

Sobre los objetivos fijados para 2030, como contar con 50 empresas estatales entre las 500 principales del Sudeste Asiático, de una a tres entre las 500 mayores del mundo y tres bancos entre los 100 principales de Asia, Nguyen Thuong Lang afirmó que son metas ambiciosas, pero viables.

Indicó que, tras un amplio proceso de reestructuración, el número de empresas se redujo de unas 12.000 a 6.000 y actualmente existen alrededor de 866 empresas de capital estatal, de las cuales cerca de 500 son totalmente estatales, aunque con una mejora sustancial en su calidad y eficiencia.

Las empresas estatales aportan cerca del 12,5 % del PIB y entre el 27 % y el 30 % de los ingresos presupuestarios totales (excluido el petróleo crudo), y mantienen un papel clave en sectores estratégicos como la energía, la infraestructura, las telecomunicaciones, la logística y la seguridad y defensa nacionales. Varias corporaciones y bancos estatales ya han desarrollado capacidades para competir a nivel regional e internacional.

Para alcanzar estos objetivos, el experto destacó tres prioridades: reforzar la inversión en tecnología e innovación, modernizar la gobernanza conforme a estándares internacionales y atraer cuadros directivos de alta calidad. Con las condiciones actuales y los mecanismos introducidos por la Resolución 79, consideró posible no solo cumplir, sino incluso superar las metas previstas.

Respecto a la aplicación de la gobernanza digital y los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), señaló que se trata de una tendencia inevitable, aunque aún enfrenta desafíos, especialmente por las diferencias en los mecanismos de propiedad y los altos requisitos de transparencia.

Sin embargo, estimó que, con una aplicación flexible, las empresas estatales podrían alcanzar entre un 80 % y un 90 % de compatibilidad con dichos estándares.

La transformación digital, en particular, presenta perspectivas prometedoras, y varias empresas estatales ya lideran este proceso, como el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel), que prácticamente ha completado su digitalización y podría alcanzar plenamente este objetivo en los próximos tres a cinco años.

Desde una perspectiva general, se espera que la Resolución 79 fortalezca la sinergia entre los sectores público y privado. Las empresas estatales asumirán un papel pionero mediante el desarrollo de grandes proyectos y ecosistemas productivos, creando oportunidades para una mayor participación del sector privado en las cadenas de valor y contribuyendo así al crecimiento y la prosperidad del país./.