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Asamblea Nacional de Vietnam aprueba modificaciones de la Ley de Metrología

La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó por unanimidad la reforma de la Ley de Metrología, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2027 y busca modernizar la gestión, impulsar la transformación digital y fortalecer las capacidades nacionales de medición.
El ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, presenta su informe en la cita. Foto: VNA

 

Con la totalidad de los votos a favor de los 457 diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Metrología.

La ley modificada entrará en vigor el 1 de marzo de 2027.

Previamente, el ministro de Ciencia y Tecnología, Vu Hai Quan, presentó el informe explicativo sobre las opiniones de los diputados, así como la recepción y revisión del proyecto de ley.

Según el ministro, el proyecto fue revisado y perfeccionado de conformidad con la Conclusión No. 358, emitida el 12 de noviembre de 2026 por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional. La revisión se centró en siete grupos de cuestiones, de las cuales cinco fueron incorporadas y modificadas, mientras que las otras dos fueron objeto de explicaciones.

Hai Quan destacó que la metrología está directamente vinculada a la vida cotidiana de la población y a las actividades empresariales, además de desempeñar un papel fundamental en la verificación de los resultados de investigación, el dominio de los procesos productivos y el desarrollo de nuevos productos. Por ello, invertir en metrología significa también invertir en productividad, calidad y competitividad de la economía.

Señaló que la modificación de la ley busca superar las deficiencias detectadas en la práctica y establecer un marco jurídico para las actividades metrológicas acorde con las nuevas exigencias del desarrollo.

Asimismo, agregó, contribuirá a institucionalizar la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político sobre el avance en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.

La normativa se articula en torno a tres orientaciones principales: renovar los métodos de gestión para proteger los derechos de la población y facilitar las actividades empresariales; completar el marco jurídico para la transformación digital en el ámbito de la metrología, y desarrollar las capacidades técnicas nacionales de medición al servicio de la producción, la investigación, la innovación y la integración internacional.

En materia de gestión, la ley prioriza el control de las actividades que puedan causar daños o afectar directamente a la salud, la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, busca reducir los trámites administrativos y los costes de cumplimiento, reforzar los controles posteriores y sancionar rigurosamente las prácticas fraudulentas.

En cuanto a la transformación digital, incorpora disposiciones sobre plataformas digitales, bases de datos compartidas, resultados de medición digitalizados y gestión de datos en entornos digitales. Los certificados electrónicos tendrán el mismo valor jurídico que los documentos en papel. Asimismo, el software de los instrumentos de medición deberá cumplir requisitos destinados a prevenir el fraude, garantizar la integridad de los datos e impedir intervenciones no autorizadas.

Sobre la base de estos datos, las actividades de inspección pasarán gradualmente de un sistema de control previo a otro de control posterior, en función del nivel de riesgo.

Respecto al desarrollo de las capacidades metrológicas nacionales, la ley da prioridad al establecimiento de patrones de medición para sectores de tecnologías estratégicas, nuevas energías, economía digital y economía verde.

Un aspecto destacado es que, por primera vez, el Programa de Garantía Metrológica en organizaciones y empresas queda incorporado al marco legal bajo un mecanismo de participación voluntaria.

Los gastos de su implementación podrán contabilizarse como gastos en ciencia, tecnología e innovación, mientras que los resultados alcanzados servirán de base para considerar exenciones o reducciones de las inspecciones estatales.

Además, la normativa precisa las responsabilidades de los ministerios en la gestión de las mediciones especializadas y delimita las competencias de inspección entre las organismos centrales, provinciales y comunales./.


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