Vietnam promulga tres nuevas ordenanzas para mejorar políticas hacia personas con méritos revolucionarios, procedimientos judiciales y costas procesales.
Hanoi (VNA)– En conferencia de prensa en esta capital se anunció hoy la Orden del Presidente de Vietnam sobre tres ordenanzas aprobadas recientemente por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional en su cuarta reunión.
Se trata de la ordenanza por la que se modifican y complementan varios artículos de la Ordenanza sobre trato preferencial para las personas con méritos revolucionarios; la Ordenanza sobre los procedimientos para que los Tribunales Populares examinen y decidan el internamiento obligatorio en centros de rehabilitación para menores de entre 12 y menos de 18 años con adicción a las drogas; y la Ordenanza por la que se modifican y complementan algunos artículos de la Ordenanza sobre costas procesales.
La primera ordenanza continúa institucionalizando la política del Partido y del Estado de atención a las personas con méritos revolucionarios y sus familiares, garantizando la preservación de la tradición de gratitud hacia quienes contribuyeron a la nación.
La norma incorpora el concepto de persona con méritos revolucionarios, perfecciona las condiciones y criterios para su reconocimiento, amplía los beneficiarios y los regímenes preferenciales, y establece el principio de garantizar que estas personas y sus familias disfruten de un nivel de vida al menos superior a la media en comparación con la comunidad donde residen.
Asimismo, la política de apoyo para mejorar las viviendas de las personas con méritos revolucionarios y los familiares de los mártires pasa a considerarse una política permanente y estable.
En particular, la ordenanza modifica las disposiciones sobre el reconocimiento como mártir de los inválidos de guerra o de quienes reciben un trato equivalente fallecidos por la reaparición de antiguas heridas.
La nueva regulación limita este reconocimiento a los casos de inválidos de guerra con un porcentaje de discapacidad física de entre el 61% y el 80% cuyo fallecimiento se deba a la reactivación de dichas lesiones.
También añade condiciones para el reconocimiento como mártires o inválidos de guerra del personal que participa directamente en la lucha contra la delincuencia y faculta al Gobierno para reconocer, en determinados casos especiales, a personas con méritos revolucionarios que carezcan de expedientes completos, pero cuya trayectoria esté respaldada por pruebas históricas y prácticas claras.
Según la viceministra del Interior, Nguyen Thi Ha, la modificación de la Ordenanza permitirá resolver las dificultades surgidas durante la aplicación de las políticas en los últimos años y seguir mejorando de manera integral las condiciones materiales y espirituales de las personas con méritos revolucionarios y de sus familiares.
La Ordenanza sobre los procedimientos para que los Tribunales Populares examinen y decidan el internamiento obligatorio en centros de rehabilitación de menores de entre 12 y menos de 18 años con adicción a las drogas consta de cinco capítulos y 48 artículos.
La norma incorpora disposiciones sobre estadísticas, digitalización de expedientes y creación de bases de datos, así como sobre el envío y la recepción de expedientes y documentos por medios electrónicos, con el objetivo de impulsar la transformación digital de las actividades judiciales.
Además, reduce diversos plazos procesales, entre ellos los relativos al examen de los expedientes, la notificación de la admisión a trámite, la celebración de audiencias, la presentación de documentación complementaria y la resolución de quejas, recomendaciones y recursos.
También establece que el tribunal podrá celebrar la audiencia de primera instancia aunque el fiscal no esté presente, mientras que en segunda instancia la ausencia del fiscal obligará al aplazamiento de la audiencia.
La Ordenanza por la que se modifican y complementan varios artículos de la Ordenanza sobre costas procesales consta de tres artículos y entrará en vigor el 1 de agosto de 2026.
La norma amplía los supuestos de exención o reducción de los gastos de peritaje para las personas perjudicadas cuando la realización de una pericia sea obligatoria conforme a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
También incorpora disposiciones sobre la exención o reducción de los gastos periciales en los procesos penales, en consonancia con el Código de Procedimiento Penal./.